El
Gobierno puso en marcha a mediados de 2012 un código de buenas prácticas, al
que se adhirió el conjunto del sector financiero, con el que se pretendía
aliviar la carga hipotecaria de las familias más vulnerables. Se estableció un
filtro estricto, de modo que solo se aplicaban las medidas previstas de
reestructuración de la deuda, dación en pago o quita a las situaciones más
extremas. Ese filtro se ha ampliado para poder acoger a un mayor número de
beneficiarios y al cabo de dos años y medio, las medidas han beneficiado a
16.500 familias.
Según una nota hecha pública por el Ministerio de Economía,
desde mediados de 2012, y con datos a cierre de 2014, se han registrado 37.416
peticiones para la aplicación del código de buenas prácticas. De ellas, 12.650
finalizaron en reestructuraciones viables de la deuda, en 3.843 casos se acordó
la dación en pago con la consiguiente extinción de la deuda y en apenas seis
casos hubo quitas. En este periodo se han paralizado también 13.000
lanzamientos - que suponen el desahucio de los habitantes de la vivienda sobre
la que pesa la hipoteca – y cerca de 2.000 familias se han beneficiado de un
alquiler social, explica Economía. Estas cifras recibieron un notable impulso
durante el pasado año, en que se reflejaron las mejoras introducidas al código
de buenas prácticas y se amplió la protección a un mayor colectivo de familias.
Así, de las 22.998 solicitudes recibidas – el 61% del total de peticiones
registradas en el cómputo global de dos años y medio –, en 9.728 casos se
acordó la reestructuración de la deuda (un 275% más que en 2013) y hubo 2.829
daciones en pago, con un crecimiento del 215% respecto a 2013. Aun así, estás
cifras todavía suponen un porcentaje reducido respecto al volumen total de
desahucios registrados en 2014, por 68.091 según cifras de un informe del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentado a principios de este mes.
De tal cifra, 28.877 lanzamientos o desahucios correspondieron a ejecuciones
hipotecarias, es decir, de la vivienda habitual.
El real
decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de febrero ha
ampliado el ámbito de aplicación del código de buenas prácticas para ampliar el
colectivo de posibles beneficiarios, lo que se dejará notar en las cifras de
2015. En concreto, se ha incrementado el límite anual de renta familiar hasta
tres veces el IPREM (indicador público de rentas múltiples). Hasta ahora se
calculaba por 12 pagas y ahora se hará por 14, con lo que pasa de 19.170,39
euros a 22.365,42 euros en 2015. Se amplían también los supuestos de especial
vulnerabilidad, para incluir a los mayores de 60 años. Además, se ha elevado el
límite de precio de adquisición de los inmuebles que podrán beneficiarse hasta
300.000 euros y se ha establecido igualmente la inaplicación definitiva de las
cláusulas suelo si las hubiera.
Fuente: Noticias UCI, recopilado de artículo publicado en El Mundo.
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